Los portugueses y portuguesas esperan del poder judicial y de sus agentes la asunción de su papel crucial en la defensa de derechos e intereses democráticos, ejerciéndolo con máximo celo en las condiciones existentes y exigiendo y dinamizando cambios que les permitan un ejercicio aún mejor. El problema no se resuelve alargando los plazos de prescripción. Ocho años es mucho tiempo y el alargamiento apenas llevará a que se demore un poco más el lograr la prescripción y que la erosión de la prueba por el transcurso del tiempo proporcione la absolución de los acusados o leves condenas. Perdida la confianza en los políticos, los portugueses y las portuguesas, a pesar de las percepciones negativas sobre la justicia, no la quieren dejar caer y están próximos a ayudarla a (re)levantarse. ¿Por qué se resiste el Poder Judicial a esta alianza?
Boaventura de Sousa Santos
