Do Editorial do El País hoje publicado e com o título em epígrafe:
El juez Juan Carlos Peinado irrumpió ayer en la campaña europea al comunicar que ha citado para el 5 de julio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Los hechos que han llevado a este instructor a llamar a declarar a Gómez se exponen en una querella presentada por la organización ultraderechista Manos Limpias a través de una selección de noticias, algunas manifiestamente falsas y la mayoría sin indicios claros de los delitos denunciados. Pese a ello y a la jurisprudencia del Supremo, contraria a aceptar este tipo de denuncias, el juez admitió a trámite la querella y abrió diligencias de investigación contra Gómez. Ayer, además, anunció la citación, pese a que hay una regla no escrita que suelen cumplir muchos tribunales para no condicionar el voto de los ciudadanos: aplazar este tipo de decisiones para después de la cita con las urnas.
La acción del instructor citando a Gómez para dentro de un mes permitió ayer a la derecha y a la ultraderecha centrar su campaña en gravísimas acusaciones por hechos que nadie ha probado. Más bien al contrario: su encargo principal para aclarar los hechos dio resultado negativo. La Guardia Civil investigó contratos y a personas durante 21 días, tras los que elaboró un informe de 116 páginas y seis anexos donde no halló ni un solo indicio de los delitos denunciados por Manos Limpias. Ese informe destapa además la falsedad de algunos de los hechos incluidos en la querella. Ese trabajo, que el juez tiene en su poder desde el pasado 14 de mayo, no solo analizó los contratos bajo sospecha, sino también otros muchos adjudicados por el mismo departamento del Ministerio de Economía, sin encontrar rastro de irregularidad en las adjudicaciones a Carlos Barrabés. Este empresario aragonés logró, según el informe de la Guardia Civil, decenas de contratos de otras administraciones públicas, algunas gobernadas por el Partido Popular.
